El presidente neogranadino, Iván Duque, ha sancionado una nueva Ley de Seguridad Ciudadana con la que intenta detener la delincuencia en ese país. No faltan los detractores de esta.

Según sus creadores, la Ley elevará los castigos a los infractores a la ley, con la particularidad, de que la reincidencia en la infracción contará con una mayor severidad en la aplicación de la sanción.

"El que la hace la paga, pero el que la hace dos veces la paga con mayor severidad (...) los costos se elevan para los criminales", dijo desde el Palacio de Nariño el presidente Duque, al tiempo de señalar que los participantes en hechos violentos no " estarán en arresto domiciliario, sino en prisión".

A pesar de esto, otros actores de la política colombiana han señalado que la controvertida Ley, lejos de castigar a los criminales, busca en el fondo es evitar y cercenar las protestas sociales y de calle.

"Aquí se le manda un mensaje claro al vandalismo y a los que han tratado desde el vandalismo legitimar causas, claramente influenciadas por la política o por los que pretenden desestabilizar el curso institucional", señaló el propio presidente Duque, que durante su gestión al frente de Colombia sufrió un estallido social´ popular, en el que se Registraron oficialmente 79 asesinatos, de los cuales 44 fueron realizados por las fuerzas del orden público.

En ese sentido, el Senador opositor, Iván Cepeda Castro, se mostró contrario a la misma indicando que "Hoy sancionó el presidente Duque una de las más arbitrarias normas de su nefasto gobierno: la llamada ´ley de seguridad´ que estimula justicia por mano propia, acciones de civiles armados, y persecución de la protesta social".

La Ley faculta un espacio gris, que permitiría una especie de "justicia por mano propia" enmascarada en una "defensa propia privilegiada" que facilitaría el uso de armas de fuego cuando se presume una irrupción en vehículos o en domicilio.

El senador Cepeda fue enfático al señalar que realizarán acciones legales para su anulación "Claro está, la demandaremos por inconstitucional", señaló.

El país suramericano cuenta con una de la más alta tasa de asesinatos a líderes comunitarios y ecologistas, además de crímenes violentos. La participación de guerrilla, paramilitarismo y narcotráfico, han traído consecuencias a su marcada sociedad, sobre todo en las barriadas y los campos del país.