Corte Suprema de Justicia ordena al gobierno colombiano garantizar el derecho a la protesta


Corte Suprema de Justicia ordena al gobierno colombiano garantizar el derecho a la protesta

23 Septiembre, 2020

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La sala de casación civil de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, amparo los derechos fundamentales de 49 personas que consideraban vulnerados el conjunto de derechos fundamentales que enmarcan el derecho a la protesta social y otras garantías fundamentales relacionadas con la libertad de expresión y movilización.

Los ciudadanos que accionaron el aparato judicial en Colombia vía acción de tutela, consideraron que con el actuar de la fuerza policial conocida como el ESMAD. Utilizada para el control de disturbios, se vulneran los derechos a la movilización y a protestar de manera libre, según ellos por las represiones que ejerce la fuerza pública contra la protesta pacífica, con la anuencia del gobierno de turno.

La corte en una sentencia considerada por los especialistas en derecho como histórica, le dio la razón a los accionantes y tutelo en su favor los derechos fundamentales a la libertad de expresión y a la protesta pacífica sin ninguna forma de violencia, tras considerar una intervención sistemática, violenta y arbitraria por parte del gobierno.

La corte constitucional también Censuro todas aquellas formas de violencia irracional que se utilicen para hacer reclamos y que se amparan bajo la protesta pacífica.

Pero tal vez la parte más dura que tendrá que cumplir el gobierno colombiano es la orden que le impone la Corte suprema de adoptar medidas tendientes a garantizar el ejercicio del derecho a la protesta pacífica no destructiva.

Entre las acciones que tendrá que desplegar el gobierno está la implementación de un protocolo de acciones preventivas que se denominara “Estatuto de reacción, uso y verificación de la fuerza legítima del Estado, y protección del derecho a la protesta pacífica ciudadana”.

También se le ordena a la fuerza pública la prohibición del uso de la escopeta calibre 12 de dotación del ESMAD y que es utilizada en Colombia para el control de desórdenes públicos, como también la creación de una mesa de trabajo para restructurar las directrices del uso de la fuerza.

El fallo tampoco se quedó corto en exigir al ministro de defensa de Colombia que pida disculpas a la población colombiana por los excesos de la fuerza pública en el control de las protestas del día 21 de noviembre del año 2019.

La corte sustenta su fallo en que observa falencias e incapacidad en aquellas instituciones del estado encargadas de mantener el orden público interno para usar de manera moderada las armas de la Republica.

La corte también le recuerda al estado colombiano que una de sus obligaciones es proteger la libertad de expresión de crítica y de opinión y agrega que ello constituye la base del disenso social.

El alto tribunal también advirtió la falta de una ley estatutaria que desarrolle los alcances y limitaciones de la fuerza pública entre otras falencias cuando se ejerce el derecho fundamental a la protesta pacífica.

Algunos juristas avezados en el tema consideran que en el fallo de tutela emitido por la sala de casación de la Corte Suprema de Justicia, existe una extra limitación de funciones por parte del alto tribunal, ya que según ellos la Corte se dedica a legislar, relevando de esa obligación al órgano legislativo, contraviniendo el mandato constitucional del constituyente primerio, es decir la voluntad del pueblo que los eligió y agregan de manera sarcástica que ya no habrá que elegir congresistas sino jueces para que hagan las leyes.

En el día de hoy el gobierno colombiano encabezado por el presidente de la republica Iván Duque adelanta una reunión de alto gobierno donde también está citado el ministro de defensa, con el fin de hacer un análisis exhaustivo del fallo de la Corte Suprema y adoptar las medidas pertinentes al cumplimiento del mismo.

Algunas voces fuera del gobierno han pedido de manera extra oficial que el fallo de la tutela sea revisado de oficio por la Corte Constitucional como único órgano de cierre en materia constitucional en Colombia, con el fin de dar claridad a las imposiciones del alto tribunal a través de su providencia, donde se evidencia el descontento de algunos magistrados, dos en total que hicieron salvamento de voto por no estar de acuerdo con la postura y la ponencia del fallo final.

Para tranquilidad de todos los colombianos, se debe esperar el control que haga la Corte Constitucional del fallo de tutela y confiar en que el alto tribunal sea sensato y coherente con la Constitución Política de Colombia.


etiquetas: Política

Alexander Hernández Autor

Legalidad

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