La reciente propuesta del presidente, Donald Trump, de "quedarse con la Franja de Gaza" ha generado un gran debate en el seno de la comunidad internacional. Esta idea, que parece surgir de su enfoque disruptivo en política exterior, plantea serias interrogantes sobre su viabilidad y legalidad bajo el marco del derecho internacional.

En tal sentido, para entender las implicaciones de dicha propuesta, es imprescindible realizar un análisis desde la perspectiva de las normas internacionales que rigen la soberanía, la ocupación y los derechos de los pueblos.

Trump, es conocido por su apoyo incondicional al gobierno israelí, y en su primer mandato (2017-2021), sugirió en varias ocasiones que la Franja de Gaza podría ser "reubicada" o "reconfigurada" como parte de un plan más amplio para resolver el conflicto entre Israel y Palestina. Su propuesta parece estar vinculada a la idea de que Gaza, actualmente controlada por el movimiento Hamas, representa un obstáculo para la estabilidad regional y que su gestión bajo un nuevo esquema podría beneficiar a Israel y a otros actores en la región.

Sin embargo, la Franja de Gaza es un territorio palestino reconocido internacionalmente, habitado por más de dos millones de personas, en su mayoría refugiados y descendientes de refugiados que fueron desplazados durante la creación del Estado de Israel en 1948. Cualquier propuesta que implique la anexión o el control externo de este territorio debe ser examinada a la luz del derecho internacional.

Soberanía y Ocupación en el Derecho Internacional

El derecho internacional es claro en cuanto a la soberanía de los territorios ocupados. La Franja de Gaza, junto con Cisjordania y Jerusalén Este, es considerada parte de los Territorios Palestinos Ocupados según las resoluciones de las Naciones Unidas. La Resolución 242 del Consejo de Seguridad de la ONU (1967) exige la retirada de Israel de los territorios ocupados durante la Guerra de los Seis Días, incluyendo Gaza. Aunque Israel desmanteló sus asentamientos y retiró sus tropas de Gaza en 2005, sigue siendo considerado la potencia ocupante debido a su control sobre el espacio aéreo, las aguas territoriales y las fronteras del territorio.

La propuesta de Trump de "quedarse con Gaza" implicaría, en esencia, una forma de anexión o control externo, lo que violaría el principio de prohibición de la adquisición de territorio por la fuerza, establecido en la Carta de las Naciones Unidas (Artículo 2.4). Este principio es una piedra angular del derecho internacional y ha sido reafirmado en numerosas resoluciones de la ONU, incluyendo la Resolución 478 (1980), que declaró nula la anexión de Jerusalén Este por parte de Israel.

Derecho a la Autodeterminación del Pueblo Palestino

Otro aspecto crucial es el derecho a la autodeterminación de los pueblos, reconocido en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El pueblo palestino tiene el derecho inalienable a decidir su futuro político y a establecer un Estado soberano e independiente. Cualquier propuesta que ignore este derecho y busque imponer una solución externa sería contraria al derecho internacional.

La idea de "quedarse con Gaza" también plantea serias dudas sobre el respeto a los derechos humanos de sus habitantes. Gaza sufre un bloqueo económico y humanitario desde 2007, que ha limitado severamente el acceso a alimentos, medicinas y otros bienes esenciales. Una propuesta que no tenga en cuenta las necesidades y derechos de la población local estaría condenada al fracaso y podría agravar la crisis humanitaria en la región.

Reacciones Internacionales

La comunidad internacional ha reaccionado con escepticismo y preocupación ante la propuesta de Trump. La mayoría de los países, incluyendo aliados tradicionales de Estados Unidos, han reiterado su apoyo a una solución de dos Estados, basada en las fronteras de 1967 y en el derecho internacional. La Unión Europea, la Liga Árabe y otros actores clave han subrayado la importancia de respetar la soberanía palestina y de buscar una solución negociada al conflicto.

Organizaciones de derechos humanos, como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, han advertido que cualquier intento de anexión o control externo de Gaza sería una violación del derecho internacional y tendría graves consecuencias para la estabilidad regional. Además, podría socavar los esfuerzos de paz y legitimar acciones unilaterales que contradicen los principios de justicia y equidad.

En conclusión, la propuesta de Trump de "quedarse con la Franja de Gaza" es, desde el punto de vista del derecho internacional, insostenible. Viola principios fundamentales como la prohibición de la adquisición de territorio por la fuerza, el derecho a la autodeterminación de los pueblos y el respeto a los derechos humanos. Además, ignora el consenso internacional sobre la necesidad de una solución negociada al conflicto israelo-palestino.

Cualquier iniciativa que busque resolver el conflicto debe basarse en el derecho internacional, respetar los derechos de todas las partes involucradas y promover una paz justa y duradera. La comunidad internacional tiene la responsabilidad de garantizar que las propuestas como la de Trump no desvíen la atención de los esfuerzos genuinos para alcanzar una solución viable y equitativa para palestinos e israelíes.