Procuraduría General de Colombia ha solicitado explicaciones al ejército colombiano, en torno al operativo que se realizó el lunes 28 de marzo de 2022, y que tuvo como saldo 11 muertos los cuales fueron presentados por las autoridades colombianas como miembros de las disidencias de la Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el problema surge cuando varias organizaciones sociales han denunciado que estos solo eran civiles.

Colombia que ha vivido una guerra que ya data a casi 60 años y que, en 2015, tuvo la esperanza de la paz tras la firma de un acuerdo con la FARC, pero que luego de la llegada del Gobierno de Iván Duque, período en el que se han asesinado cada año una gran cantidad de excombatientes, así como líderes sociales.

También es importante recordar los “Falsos positivos” durante la presidencia de Álvaro Uribe, y que consistía en capturar campesinos asesinarlos y vestirlos con prendas militares y presentarlos como guerrilleros, y todo esto no es especulación, ya miembros de alto, medio bajo rango han sido detenidos por estos crímenes de lesa humanidad.

Al respecto, el procurador delegado para la Defensa de los Derechos Humanos, Javier Sarmiento, solicitó explicaciones a través de una carta dirigida al comandante de las Fuerzas Armadas de Colombia, el General, Luis Fernando Navarro, dado a las dudas que existen sobre el operativo en cuestión, por las inconsistencias y contradicciones entre las partes.

Según las autoridades los abatidos pertenecían al “Frente 48”, que tienen presencia en la zona. Hasta el mismo Iván Duque señaló en su cuenta Twitter y confirmó dicha información.

Sin embargo, la Fundación Red de Derechos Humanos del campesinado de Putumayo, así como otras organizaciones sociales y defensores de DDHH, informaron a la procuraduría que los datos presentados por el gobierno son falsas. Al respecto, la procuraduría indicó que, “las personas dadas de baja en esta operación serían una mujer, un presidente de junta de acción comunal, un menor de edad, un gobernador de un resguardo indígena y otras dos personas, así como cadáveres desaparecidos”.

Por otro lado, la Organización Nacional de los Pueblos de la Amazonía Colombiana (OPIAC), señaló que son falsos positivos dado que se encuentra el gobernador del Pueblo Kitcwhwa, Pablo Panduro Coquinche.

Es una verdadera pena que, en Colombia, cada día se recrudece aún más la violencia, situación que al parecer se intensifica en tiempos de elecciones, ya que grupos políticos colombianos su cuando esto sucede, ya que viven del miedo.

La sociedad colombiana se está preparando para las elecciones presidenciales luego de las ya celebradas el 13 de marzo de las parlamentarias, en donde el partido de gobierno quedó muy mal posicionado pasando de el primer lugar hace cuatro años al quinto en la actualidad.

El problema es que Colombia necesita un gobierno que garantice los derechos de todos los grupos, sin dejar de ejercer justicia a estos grupos cumpliendo con la premisa de que, “sin justicia no hay paz”.