Para la Comisión de la Verdad de Colombia (CVC)en el país se han cometido crímenes de guerra contra la población por agentes del Estado, las cuales fueron dadas de baja y presentadas como combatientes y ha sido una “política de gobierno”.

Al respecto, para Alejandro Valencia, miembro de la CVC que señaló durante la celebración de un acto en la localidad de Soacha periférica de Bogotá, que “los asesinatos y desapariciones forzadas bajo la modalidad de combate simulados, ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos, en su período de exacerbación, años 2002 a 2008, fueron crímenes de guerra y de lesa humanidad que se cometieron como parte de una política de gobierno”, precisamente en el período de gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Sobre el particular, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que dio a conocer un informe en febrero de 2021, el cual indicaba que entre los años 2.002 al 2.008, en Colombia se registraron 6.402, asesinatos extrajudiciales conocidos como “falsos positivos”.

Sin embargo, para Valencia estas cifras son preliminares, que solo es lo que se han documentado hasta la fecha.

En dicho evento participaron familiares de las víctimas así es militares que se han atrevido a decir la verdad, requisitos para que la JEP pueda tener en cuenta a la hora de determinar sus sentencias, conmutado las penas que deben cumplir por dichos actos atroces contra la población colombiana.

Entre las víctimas se encontraban hombres jóvenes que en su gran mayoría provenían de sectores vulnerables. “fueron seleccionadas por habitar ciertos territorios considerados como auxiliadores de la guerrilla, por considerarlas prescindibles para la sociedad o por asumir su condición de integrantes de grupos armados, principalmente de guerrillas, sin corroborar su condición y sin encontrase en enfrentamientos armados”.

Para Valencia esta política lo que buscaba era presentar un mayor número de bajas en las filas guerrilleras con la intención de presentar ante la opinión pública, la supuesta efectividad en las políticas de seguridad del gobierno colombiano encabezado por Álvaro Uribe Vélez.

Lo más grave del asunto es que había incentivos económicos para aquellos que perpetraban estos actos en su mayoría funcionarios militares, pero que también se vieron involucrados civiles.

“hubo un uso inadecuado de dinero proveniente de los gastos reservados. El cual terminó en manos de civiles y militares que participaron directa o indirectamente es estos hechos”.

Además, en el informe se hace saber que las autoridades entregaron armamentos a grupos irregulares afines al gobierno conocidos como paramilitares, utilizándolos como brazo ejecutor de estos horribles hechos.

Por su parte, la respuesta del expresidente Álvaro Uribe no se hizo esperar, diciendo que desde su gobierno no de dio instrucción alguna a las fuerzas del orden para que realizaran dichas acciones, acusando a la comisión de irresponsable y de haber sido impuesta por la Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Definitivamente más allá de estar de acuerdo o no el expresidente Álvaro Uribe, tiene responsabilidad en estos actos siendo para ese entonces la cabeza del Estado colombiano y creador del plan “Seguridad Ciudadana”.

¿Y tú qué opinas?